A la humillación de que a sus hijos les prohibieran tomar agua en la escuela, las madres de familia mexicanas con hijos estadounidenses que residen la franja fronteriza de Sonoyta, en el estado mexicano de Sonora y Lukeville, Arizona, deberán sumar ahora enviar a los menores con pruebas de su ciudadanía y su residencia legal dentro del estado.
El Departamento de Educación de Arizona lanzó indicaciones de que ningún menor abordará el autobús escolar a menos que presente evidencias de que residen dentro del estado.
Libier Soto, madre de familia de tres estudiantes que acuden al Distrito Escolar Unificado de Ajo, Arizona; a 38 millas de la ciudad fronteriza de Sonoyta, calificó los requisitos de racistas y afirmó que ella, como los padres de más de 80 niños méxico-americanos, han estado pagando mensualidades de 250 dólares por la renta de viviendas móviles en terrenos del estado de Arizona.
Con documentos en la mano, Soto mostró a este diario los recibos mensuales y narró que el pasado año escolar sus hijos, junto a casi un centenar de alumnos, estuvieron a punto de ser suspendidos de la escuela bajo alegatos de que vivían en territorio mexicano y sólo cruzaban la frontera para estudiar.
“Se van a México los fines de semana, pero de cualquier manera aquí estamos pagando impuestos cada mes. Este el pago de mi ‘traila’. Nadie nos está regalando nada”, dijo.
